En el departamento del Chocó, a la desigualdad histórica por discriminación étnica, se suma la discriminación por género, las afectaciones por el conflicto armado y por la explotación inadecuada de recursos naturales.
Chocó ha movido la economía del rio Atrato con la explotación artesanal del oro, labor, tradicionalmente de las mujeres barequeras, que se ha ido abandonando ante los proyectos de explotación minera y maderera de multinacionales y de actores ilegales, por la presión que ejercen sobre ellas los trabajadores de los entables mineros con la explotación sexual. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también han sido víctimas de asesinato y utilizados en la siembra y comercialización de cultivos de uso ilícito, presionados por situaciones económicas. Desescolarizados y sin oportunidades, propician la captación por parte de bandas criminales y excombatientes.
En el posconflicto, la instalación de las zonas de normalización en el departamento, la presencia del ejército, la policía y las instituciones nacionales e internacionales, ha cambiado la dinámica en el territorio y los riesgos de inseguridad para las mujeres y jóvenes van en aumento. Esta problemática exacerba condiciones para que las mujeres continúen siendo víctimas de distintas formas de violencia: las generadas por el conflicto, la violencia de las sociedades patriarcales con patrones de masculinidad dominantes en la región, naturalizadas y reproducidas en las familias. Con la presencia de actores armados regulares e irregulares se empezó a romper la autonomía territorial; aparece el miedo, el asesinato de personas, el desplazamiento, el despojo de tierras, el confinamiento, se acentuó la crisis humanitaria y de derechos humanos, con desabastecimiento de alimentos en las comunidades. Aunque la mayoría de las víctimas fatales del Atrato han sido hombres asesinados o desaparecidos, las mujeres han quedado viudas con la responsabilidad de mantener cohesionada la familia, defender sus cuerpos, resistir pacíficamente y mantener su arraigo por el territorio.
Veamos algunos datos que reflejan las situaciones mencionadas: Mayoritariamente la población es afrodescendiente (73.6%, de éste, el 51,3% mujeres); mientras el analfabetismo alcanza a 1 de cada 10 colombianos, en el Chocó a 4 de cada 10 (el 18%, hombres y 22%, mujeres.; la brecha de desempleo por género registra que el 62.4 de personas desempleadas son mujeres. En 2014, más de 4.000 personas fueron desplazadas y 25 defensores humanitarios amenazados[1]. Del total de víctimas del conflicto, el 50.2% son mujeres; 23 desapariciones en 2016, (10 corresponden a desapariciones forzadas de hombres, y desaparición sin información a 9 hombres y 4 mujeres)[2] .
En 2013, se registraron 11 feminicidios de los cuales 7 sucedieron en Quibdó. En el 2016, se registraron 31 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que representa el 13,96%; 223 casos de violencia contra la pareja de los cuales 206 la victima son mujeres, en los casos de violencia sexual se registraron 169 exámenes por presunto delito de los cuales 145 corresponden a mujeres[3]. Muchos casos de violencias no se registran porque generalmente, las entidades responsables no garantizan los derechos a las mujeres. Según la Procuraduría, entre enero de 2016 y junio de 2018, han sido asesinados 16 líderes, reclamantes de tierra (1 mujer) y por conflictos socioambientales relacionados con la lucha de los líderes étnicos para proteger su relación con el medio físico y resistir a modelos de explotación intensiva e inadecuada de los recursos.
[1] Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
[2] Alta consejería para la Mujer
[3] Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2016
