Agenda política de las tejedoras del pensamiento por la gobernanza ambiental y territorial

 Agenda política de las tejedoras del pensamiento por la gobernanza ambiental y territorial

Los conflictos socioambientales producidos por la economía extractiva en nuestro país son fruto de la disputa entre formas diferentes de entender las relaciones con la naturaleza y sus ecosistemas, que ponen en amenaza la pervivencia de las comunidades en sus territorios. Para nosotras las mujeres, los impactos tienen una dimensión personal, que refleja la dimensión global de los sistemas de dominación colonial, patriarcal y capitalista.

Las zonas mineras y madereras, tienen una larga historia de disputa territorial en territorios ancestralmente de comunidades negras, indígenas y campesinas; donde se agravan todas las formas de violencia contra nosotras. Algunos casos de violencia política, han generado violencia a las mujeres e incremento de la violencia sexual a niñas y niños, el asesinato de nuestros maridos y amenazas a nosotras, para presionar la venta o expulsión de nuestras tierras afectando así, nuestros derechos patrimoniales. Así mismo, la Salud Sexual y reproductiva, se afecta, por el aumento de redes de explotación y servidumbre doméstica y sexual, la trata y migración para prestar servicios sexuales, la estigmatización de las trabajadoras sexuales, la prostitución, los embarazos no deseados o en edad temprana y la violación sexual, por parte de empleados y obreros de estas industrias.

Las mujeres como agentes movilizadoras en sus territorios y poblaciones, hemos realizado diversos ejercicios de análisis de los diagnósticos, que revelan entre otras, las siguientes problemáticas:

● Precarización y desvalorización de nuestras formas tradicionales de trabajo y de generación de ingresos, con la pérdida de autonomía económica y de soberanía alimentaria, al cambiar la vocación productiva de las tierras hacia la actividad minera, que nos obliga a abandonar nuestras parcelas de pancoger.

● Aumento y recarga de las actividades necesarias para el cuidado de la salud y la alimentación propia y la de la familia, (preparación de alimentos, higiene, provisión de vestido, atención en casos de enfermedades)

● Pérdida de identidad cultural y debilitamiento de los roles comunitarios y ancestrales de las mujeres; al afectar territorios donde transcurren nuestros ritos y celebraciones.

● Desarticulación del tejido social y pérdida del entorno de protección y seguridad, ante amenazas a la gestión comunitaria, a la gobernanza ambiental y territorial, y a la vida e integridad de las defensoras del territorio.

● Negación del derecho a la justicia, incremento de la criminalización y la estigmatización de las organizaciones sociales y de la protesta cívica. Se han implantado la amenaza y el miedo como estrategia eficaz para acallar las voces de resistencia y garantizar el silencio.

● Desarticulación de las organizaciones sociales de las mujeres que limita las posibilidades de acción colectiva y la reivindicación de los derechos vulnerados de manera permanente, ante la exclusión de los espacios de participación social y el debilitamiento de las iniciativas de defensa del territorio lideradas por nosotras.

● Daños por las fumigaciones realizadas a los cultivos de uso ilícito, que contaminan el ambiente. Esto ha propiciado que mujeres gestantes del territorio, presenten afectaciones a su salud reproductiva, como malformaciones y abortos.

Los impactos de la violencia capitalista, patriarcal y extractiva se hacen insostenibles separándose de la política de la vida misma, reduciéndose al despojo, feminicidios, violencia sexual, tráfico y negociación de nuestros cuerpos y territorios como un trofeo de guerra, provocando, además, la invisibilización de nuestras luchas para que impere la incertidumbre y el terror continuo de perder la vida por defender lo que es propio por derecho natural.

En virtud de estas razones …las tejedoras del pensamiento por la gobernanza ambiental y territorial movilizadoras de iniciativas de cuidado, permanencia y defensa del territorio, asociados a procesos de agroecología en las economías propias, de la conservación, los saberes ancestrales, entorno a la soberanía, la seguridad alimentaria, la salud tradicional y el derecho a una vida segura y libre de violencias …

Demandamos ante el Estado nacional, regional y local

Para garantizar gobernanza y gobernabilidad de las mujeres en el territorio

1. Incorporar el enfoque de género en políticas, planes y programas de desarrollo y ordenamiento del territorio (PDM Y POT) y en las políticas ambientales y de gestión del riesgo, articulando intersectorial e interinstitucionalmente la transversalidad, para el logro de los objetivos de las Políticas Públicas de Mujer y Equidad de Género.

2. Establecer una política pública ambiental con enfoques de género, justicia y derechos humanos. Incorporar el enfoque de género y diferencial en las políticas ambientales del país.

3. Posicionar los derechos de las mujeres y su ejercicio y garantía, en las regiones afectadas por conflictos socioambientales y hacer implementación efectiva, seguimiento y evaluación con estadísticas confiables y actualizadas en el marco del proceso de equidad de género.

4. Desarrollar los planes de ordenamiento territorial teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, en cuanto a manejo de recursos naturales como el agua y los bosques, para la alimentación e higiene de las familias, y de las tierras cultivables

5. Garantizar la consulta previa con amplia participación de las mujeres para hacer visible las afectaciones por minería, deforestación y afectación de fuentes hídricas, y exigir que, en programas y proyectos implementados por medio de los PDET, se garantice el enfoque de género establecido en el Acuerdo de Paz.

Para garantizar la participación social y política de las mujeres

1. Garantizar la protección real y efectiva de los derechos de las mujeres, desde las diversidades que nos constituyen, y su liderazgo en la defensa del territorio y la protección de estructuras ecológicas y servicios ecosistémicos en condiciones de seguridad

2. Promover el fortalecimiento de las organizaciones y redes de mujeres para que posicionan los derechos comunitarios en espacios de articulación e incidencia ante el Estado y para participar en toma de decisiones sobre planes de desarrollo y de ordenamiento del territorio tanto de zonas urbanas, como rurales;

3. Promover acciones comunitarias de apropiación del territorio que permitan que nuestros hijos e hijas defiendan el territorio y se formen con buenas bases para sus proyectos de vida.

4. Promover la pedagogía ambiental en instituciones educativas y comunitarias, para que no se afecten los recursos naturales, ni se vulneren los derechos de las personas y animales.

5. Sensibilizar sobre las problemáticas socioambientales con campañas de prevención y cuidado de los ecosistemas estratégicos, el patrimonio y la cultura en zonas urbanas y rurales.

Para garantizar la seguridad económica de las mujeres y de sus formas de vida

1. Cumplimiento de las leyes sobre propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes (Ley 70) e indígenas, pueblos y resguardos, y avance en la titularidad de la propiedad de la tierra en cabeza de mujeres campesinas para que tengan la opción de decidir sobre el destino que se dará a ellas en términos productivos.

2. Compra de tierras productivas, con acceso a herramientas, semillas nativas, capital, insumos y crédito; fomento de huertas orgánicas de pan coger administradas por las mujeres, para generar ingresos que garanticen la autonomía económica que evita dependencia de los esposos; fomento de bancos de semillas propias, que promuevan prácticas y saberes tradicionales de las mujeres

3. Apoyo a la comercialización segura de los productos que producimos y transformamos en nuestros territorios integrándonos en los mercados locales realizando trueques.

4. Impulso a las artesanías con modelos de economía propia y amigable con el medio ambiente que garanticen a las mujeres un ingreso en igualdad de condiciones con otros artesanos

5. Garantía a las familias de servicios públicos, (agua, saneamiento básico, gas, energía, internet) y sociales, (vivienda digna, vías en buen estado, escenarios deportivos, educación de calidad); que mejoren su calidad de vida.

Para garantizar el acceso de las mujeres a recursos naturales

1. Promover acciones de revegetalización y reforestación en las riberas de los ríos con plantas nativas, sistemas de recolección de aguas lluvias y de riego para viabilizar alternativas productivas de las mujeres.

2. Garantizar que la minería ancestral sea responsable con el medio ambiente, que no utilice sustancias químicas que afecten la calidad del agua, el suelo y la salud de las personas, y que la manera como se trabaja, retome prácticas ancestrales sostenibles, aunque no sean igualmente rentables.

3. Otorgar subsidios o gratuidad del agua en tiempo de escasez, o de alta contaminación, para que la economía y la salud familiar no se vean afectadas, con especial atención para madres gestantes, lactantes y cabeza de familia

4. Realizar la declaratoria de humedales y reservas forestales, en los municipios de Soacha y Sampués para lograr una intervención gubernamental efectiva que redunde en un ambiente sano y digno para las comunidades y que garantice su protección y conservación, vigilancia y protección como ecosistemas estratégicos de importancia

5. Cumplimiento a la sentencia T622 de 2016 que reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos, para garantizar su conservación, protección,

Para garantizar los derechos étnicos y culturales

1. Formación en derecho propio, sobre mandatos y resoluciones elaborados por las autoridades indígenas y comunidades ancestrales.

2. Fortalecer los patrimonios culturales reconocidos por la comunidad.

3. Implementar con participación activa de las mujeres, acciones de reforestación de sitios sagrados y campañas de sensibilización en instituciones educativas

4. Formación en ginecología natural que garantiza a las mujeres la salud sexual reproductiva, en armonía con las prácticas ancestrales,

5. Coordinación con las autoridades tradicionales, locales y ambientales para generar mecanismos de control y denuncia, sobre la tala indiscriminada de árboles, contaminación hídrica, cultivos ilícitos, urbanizaciones, minería.

Para garantizar una vida segura y libre de violencias

1. Promover procesos de formación en derechos sexuales y reproductivos, particularmente, en la prevención de embarazos tempranos o no deseados.

2. Adecuar espacios seguros que protejan la vida de nuestras comunidades minimizando riesgos en la movilidad de niños, niñas, jóvenes y mujeres para evitar las violencias de género (acoso, violación, embarazos adolescentes…)

3. Realizar acciones de prevención de violencias contra las mujeres, para evitar el maltrato intrafamiliar y el abuso sexual

4. Aplicar el principio de la debida diligencia en la atención la violación basados en género.

5. Difundir y activar todos los protocolos y rutas de atención a violencias de género.

6. Replicar las experiencias de sistemas de cuidado inclusivo en todo el territorio nacional.